Desde que Evo Morales y Arce Catacora asumieron el poder en Bolivia, el gobierno se ha autoproclamado como antiimperialista y antiestadounidense, destacando constantemente este punto en sus discursos y políticas. Sin embargo, esta retórica ha llegado a un punto en el que su repetición constante se ha vuelto un tanto monótona y tediosa.
Un ejemplo claro de este enfoque se materializa en la política educativa adoptada durante la gestión de Evo Morales. La decisión de cambiar los nombres de colegios que tenían connotaciones anglosajonas o que hacían referencia a presidentes de Estados Unidos puede interpretarse como un intento de alejarse de la influencia estadounidense en la historia de Bolivia. Sin embargo, en la medida en que esta política parece más enfocada en borrar cualquier rastro de cultura anglosajona que en mejorar la calidad de la educación, es legítimo cuestionar sus verdaderos objetivos.
Tras la renuncia de Morales al poder, podría haberse esperado un cambio en la dirección de la política y la retórica gubernamental, pero aparentemente esto no ha sucedido. Un caso reciente de esta actitud se presentó con la crítica al gigante del entretenimiento Netflix. Si bien es válido discutir la disponibilidad y calidad de los programas en la televisión boliviana, la manera en que el gobierno lo aborda puede generar inquietudes sobre su enfoque hacia la libertad de expresión y la diversidad de medios.
Hablando de la televisión boliviana, la situación que describes es preocupante. La presencia creciente de propaganda política gubernamental en la programación, incluso en espacios que tradicionalmente se utilizan para el entretenimiento, plantea interrogantes sobre la independencia de los medios y la capacidad de los ciudadanos para acceder a una variedad de perspectivas. La saturación de la programación con propaganda política no solo puede ser frustrante para los espectadores, sino que también puede tener un impacto negativo en la calidad del contenido y en la diversidad de opiniones presentadas.
No hay impuesto al cultivo de coca pero sí a plataformas digitales
En una movida que podría afectar directamente a los consumidores, el Gobierno de Bolivia liderado por Luis Arce ha presentado un controvertido proyecto de ley que busca incluir a las gigantes tecnológicas como Netflix, Amazon y YouTube en el cobro del Impuesto al Valor Agregado (IVA). Esta medida plantea una nueva carga financiera para los usuarios y ha generado preocupación en un país donde el acceso a plataformas digitales es una fuente popular de entretenimiento.
Golpe al entretenimiento asequible:
Bajo la premisa de la equidad fiscal, el proyecto de ley 164 propone que las empresas extranjeras que ofrecen servicios digitales en Bolivia tributen como lo hacen las compañías nacionales. Sin embargo, la realidad es que esto podría traducirse en un aumento de precios para los consumidores. Plataformas de streaming como Netflix, que anteriormente ofrecían un entretenimiento asequible y conveniente, podrían ver incrementos en sus tarifas debido a la inclusión del IVA.
Alternativas limitadas y doble tributación:
A pesar de las afirmaciones de que existen "opciones gratuitas" como menciona el diputado masista Omar Yujra, la realidad es que muchas personas han encontrado en plataformas como Netflix, Spotify y Disney+ una manera accesible de acceder ha contenido de calidad. La propuesta de incluir un IVA a estos servicios no solo impactará el bolsillo de los usuarios, sino que también podría generar una "doble tributación" si se aplicara también a la compra de bienes relacionados con el entretenimiento digital.
