La justicia en Bolivia es manejada por el poder judicial, que es un poder independiente del poder ejecutivo y del poder legislativo. El poder judicial está encargado de interpretar y aplicar la ley, así como de resolver conflictos legales y de proteger los derechos y garantías constitucionales de los ciudadanos. En Bolivia, el sistema judicial se divide en tres ramas: la rama judicial, la rama fiscal y la rama contencioso-administrativa. Cada una de estas ramas está encargada de resolver diferentes tipos de casos y conflictos.
El administrador de la justicia en Bolivia es el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Este ministerio es el encargado de dirigir, coordinar y supervisar el funcionamiento del poder judicial y de velar por el respeto de los derechos y garantías constitucionales de los ciudadanos. El Ministerio de Justicia es dirigido por un ministro de justicia, que es nombrado y removido por el presidente del Estado. Además del ministerio, el sistema judicial en Bolivia también cuenta con otros órganos e instituciones encargados de la administración de la justicia, como el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Constitucional.
Pero la realidad es otra
El Poder Judicial es administrado por el gobierno central, desde el gobierno de Evo Morales hasta el gobierno de Arce no existe la independencia de poderes, fue el mismo Morales quien mencionó que no debería existir la independencia de poderes. El control de la justicia por parte del gobierno se ha convertido en un arma de persecución contra opositores y detractores, una llamada del gobierno es más que suficiente para mover abogados y jueces a órdenes del gobierno. La justicia seguía respondiendo al partido de Evo Morales cuando un gobierno provisional se formó tras la renuncia de Evo Morales.
