Tuvieron que pasar 13 años para que la verdad saliera a luz, El gobierno de Evo Morales había creado una de las conspiraciones más grandes de la historia de Bolivia, tras su llegada al poder a Bolivia Morales solo tenía un enemigo que se interponía en su camino y era la oposición del oriente, para desfragmentar esa oposición se necesitaría de uno los planes más oscuros jamás planeados.
La primera operación bandera falsa en Bolivia
Jamás existió un grupo terrorista con la intención de derrocar a Evo Morales. El gobierno se refería a este grupo extranjero húngaro como "fascistas" o "logia", pero la realidad es que fueron introducidos en Bolivia por la misma administración de Morales. Desde la ejecución extrajudicial de estos individuos, los medios afines al gobierno tejieron el mito de facciones fascistas opuestas a un presidente "indígena". Esta estrategia conspirativa resultó efectiva hasta que la investigación de Carlos Valverde, que reveló el caso Rozsa.
Hasta la fecha, innumerables medios de comunicación han difundido la noticia, encabezando titulares como "El hombre que intentó asesinar a Evo Morales" y "Fascistas cruceños contra un indígena". El medio estatal ha producido documentales que refuerzan esta narrativa, se han escrito libros al respecto, y una campaña internacional respaldada por medios argentinos de orientación izquierdista ha buscado posicionar la imagen de Morales como víctima y, al mismo tiempo, demonizar a la población oriental, especialmente a los cambas.
Esta estrategia tenía un propósito claro: avivar el sentimiento de odio en el occidente boliviano hacia el oriente. Evo Morales, al generar la percepción de una amenaza interna, logró concentrar la atención de la población en torno a un enemigo común. Este enfoque estratégico resultó en la exacerbación del odio, polarizando a Bolivia de manera profunda y persistente hasta la actualidad.
En 2012, el destacado periodista y analista Carlos Valverde Bravo presentó su nuevo libro titulado "¡Maten a Rózsa! El rompecabezas de una conspiración". Según Valverde, el gobierno filtró la resolución de la CIDH sobre la matanza de 2009 para acorralar a Evo Morales.
El trágico episodio criminal en el Hotel Las Américas fue el acto más sombrío perpetrado por Evo Morales y Álvaro García Linera.
Eduardo Rózsa Flores, supuesto líder de un grupo terrorista, de origen húngaro-boliviano, fue traído al país por el mismo gobierno que finalmente lo eliminó. Su llegada fue gestionada por el jefe de Inteligencia de la Policía, el coronel Jorge Santiesteban, y tuvo como contacto al capitán Walter Andrade, subordinado de Santiesteban, quien luego actuó como infiltrado en el grupo de Rózsa.
La investigación de Carlos Valverde reveló que el pasaje de Rózsa fue sufragado con una tarjeta de crédito perteneciente a un ministro del régimen de Hugo Chávez.
Rózsa tenía la misión de seducir a la élite política y empresarial cruceña para incitar actos conspirativos que justificaran su encarcelamiento y desmantelamiento. Sin embargo, la trampa no surtió efecto, y el grupo de Rózsa se entregó a parrandas y excesos.
Fue entonces cuando, a través del capitán Andrade, el gobierno perpetró un atentado en la casa del Cardenal, sirviéndose de ello como pretexto para llevar a cabo la matanza en el Hotel Las Américas, donde se hospedaban cinco integrantes del grupo de Rózsa.
Rózsa, único testigo del doble juego del gobierno, fue ejecutado, al igual que otros dos miembros que recibieron disparos por la espalda. Otros dos sobrevivieron pero enfrentaron cinco años de prisión.
Tras los asesinatos en el Hotel Las Américas, la élite cruceña sufrió persecución, con condenas de hasta ocho años de cárcel, extorsión y un clima de terror judicial.
Los excesos llegaron a tal punto que el fiscal extorsionador del caso, Marcelo Soza, se refugió en Brasil, confirmando el montaje del gobierno.
El autor intelectual y confeso de estos actos fue Evo Morales, quien, en compañía de Hugo Chávez, declaró en Caracas haber dejado instrucciones para poner fin a los "terroristas" que, supuestamente, buscaban asesinarlo antes de su viaje.
Hoy, el informe de la CIDH corrobora lo que ya sabíamos: en el régimen de Evo Morales se llevaron a cabo asesinatos políticos.
Exfiscal Soza, dice que descubrió que el caso Terrorismo era un montaje
En el año 2013, un exfiscal asignado al caso de Terrorismo fue denunciado por presuntamente exigir y recibir más de 4 millones de dólares de familiares de los acusados durante el juicio, con la finalidad de reducir las penas de los implicados.
El 27 de septiembre de 2022, Marcelo Soza, el exfiscal en cuestión, afirmó que el caso de Terrorismo, en el cual el Gobierno supuestamente desarticuló una célula separatista en 2009, resultó ser un montaje. Soza denunció que, al intentar distanciarse del caso, fue acusado injustamente de extorsión, lo que lo obligó a abandonar el país y refugiarse en Brasil.
Soza explicó que al hacerse cargo del proceso y llegar a Santa Cruz después del operativo, comenzó a cuestionar la irregularidad del caso. Descubrió que no había orden de allanamiento y que el escenario del crimen había sido manipulado. Renunció inicialmente, pero su renuncia fue rechazada. Al persistir las presiones, renunció nuevamente.
Entre las irregularidades detectadas por Soza se incluyen la comparación de fotografías del escenario del crimen antes y después del examen balístico, la colocación de un arma, un video donde un policía lleva una mochila con elementos plantados, la falta de identificación de los participantes en el operativo, y la suspensión de las cámaras de seguridad y el servicio de Internet en el Hotel Las Américas durante el operativo.
En 2013, Soza fue denunciado por extorsión, pero él asegura que pudo demostrar su inocencia en La Paz. Sin embargo, el caso fue reabierto en Santa Cruz, donde no pudo defenderse y fue sentenciado en ausencia, lo que lo llevó a escapar del país.
Recientemente, el caso volvió a destacar en los medios tras la filtración de un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que responsabiliza al Estado y a las autoridades de la época por la muerte de ciudadanos extranjeros durante el operativo policial de 2009.
Valverde: gobierno filtró el informe de la CIDH sobre matanza en 2009 para acorralar a Morales
Después de que se divulgara una porción del informe confidencial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la masacre ocurrida en abril de 2009 en el Hotel Las Américas de Santa Cruz, donde perdieron la vida tres individuos pertenecientes a una presunta célula terrorista liderada por Eduardo Rozsa Flores, el periodista y analista político Carlos Valverde declaró el pasado lunes que el Gobierno filtró intencionalmente el documento para perjudicar al líder del Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales.
"El Gobierno es el responsable de la filtración del documento, de lo contrario, no se habría hecho público", expresó Valverde durante una entrevista con la red Unitel. Fundamentó su afirmación en que el informe de la CIDH sobre las ejecuciones extrajudiciales en el Hotel Las Américas data de diciembre de 2021 y salió a la luz pública en medio de tensiones internas dentro del masismo.
Según el periodista y analista, resulta evidente que la filtración del informe de la CIDH en un momento de conflicto entre el evismo y la facción autodenominada renovadora busca acorralar al líder del MAS, Evo Morales. Valverde sostiene que Morales reconoció, tras su llegada al aeropuerto venezolano de Cumaná en abril de 2009, que dio instrucciones precisas al entonces vicepresidente, Álvaro García Linera, para llevar a cabo el operativo.
"No tengo dudas de que con esto van a acorralar a Evo Morales y lo van a alejar del centro político, ya que pone al descubierto lo que se dijo acerca de la masacre en el Hotel Las Américas", afirmó Valverde. Recordó que se han redactado varios textos que sugieren que no hubo enfrentamiento entre la policía y el grupo presuntamente terrorista, sino una masacre sangrienta de tres de sus integrantes.
Valverde explicó que la cadena de mando no se rompió en ningún momento, indicando que la orden de eliminación provino de Morales, fue transmitida por García Linera al Comandante de la Policía de ese entonces y ejecutada por el grupo denominado Utarc, especializado en la lucha contra el terrorismo.
Según el periodista y analista cruceño, más allá de la apertura de un juicio en Bolivia contra Morales y otros responsables por el asesinato en el Hotel Las Américas, el Estado boliviano podría enfrentar un juicio en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, mientras que el líder del MAS sería sometido a un proceso en la Corte Penal Internacional de La Haya.
En Venezuela, Morales comunicó haber instruido el operativo contra el supuesto grupo terrorista.
"Dejé instrucciones precisas al Vicepresidente de la República", dijo en 2009.
Está flanqueado por el fallecido presidente de Venezuela, Hugo Chávez, y el expresidente cubano, Raúl Castro. Acababa de llegar a un aeropuerto venezolano en abril de 2009 y se dirigía a los periodistas para comunicar que había dado instrucciones para llevar a cabo el operativo policial en el hotel Las Américas de Santa Cruz. En ese incidente fueron acribillados Eduardo Rozsa Flores, Árpád Magyarosi y Michael Dwyer, miembros de una presunta célula terrorista con objetivos separatistas.
“Dejé instrucciones precisas al Vicepresidente de la República (Álvaro García Linera) y, a través del Vicepresidente, al Comandante General de la Policía, para llevar a cabo un operativo y detener a esos mercenarios”, afirmó Morales en abril de 2009, mientras Chávez expresaba su apoyo manteniendo su brazo izquierdo sobre la espalda del expresidente boliviano.
De acuerdo con la declaración de Morales en ese momento, en Santa Cruz se produjo una balacera, un tiroteo que duró media hora en el hotel Las Américas. Sin embargo, 13 años después, se dio a conocer parte del informe conclusivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que inició una investigación sobre una masacre sangrienta en ese lugar y no un enfrentamiento, como afirmaron las autoridades gubernamentales.
La filtración de una parte de ese informe fue atribuida por el periodista y analista político cruceño, Carlos Valverde, al gobierno de Luis Arce, como un intento de acorralar a Morales, con quien mantiene una disputa abierta por la candidatura presidencial del masismo para 2025.
El informe de la CIDH confirma la ejecución extrajudicial de extranjeros por ordenes de Morales
Durante el gobierno de Evo Morales en Bolivia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha concluido que se llevaron a cabo ejecuciones extrajudiciales en el marco del operativo conocido como el "caso Rózsa". En el año 2009, las fuerzas del Estado boliviano ejecutaron y torturaron a cinco individuos pertenecientes a un presunto grupo armado, según indica un informe al que El Deber ha tenido acceso. La CIDH sostiene que, para evitar un juicio internacional, Bolivia está obligada a enjuiciar a los responsables dentro de su territorio.
Los hechos tuvieron lugar el 16 de abril de 2009, cuando un destacamento de la Unidad Táctica de Resolución de Crisis, una unidad élite de la Policía, ingresó al hotel Las Américas en Santa Cruz. Durante la operación, se realizaron detonaciones en el cuarto piso y se irrumpieron en las habitaciones de Eduardo Rózsa Flores, Arpad Magyaroisi y Michel Dwyer, quienes perdieron la vida. La misma madrugada, Elöd Tóásó y Mario Tadic fueron detenidos.
Según el informe, el expediente incluye notas de prensa que indican que los miembros de la Fiscalía y de la Policía departamental de Santa Cruz no intervinieron, ya que la responsabilidad recaía totalmente en el Ministerio de Gobierno desde La Paz, con instrucciones precisas de no actuar. En esa noche, destaca El Deber, el entonces presidente Evo Morales se encontraba en Venezuela, mientras que el Ministro de Gobierno, Alfredo Rada, estaba en Brasil. La comisión responsabiliza al Estado nacional por dar la orden de proceder en un operativo sin autorización judicial ni fiscal.
La CIDH informa que las cámaras de seguridad del hotel fueron apagadas desde el 15 de abril, día de la llegada de las presuntas víctimas, y que el internet fue cortado a las 3:10 de la madrugada, minutos antes del operativo, restableciéndose a las 9:00 de la mañana. Se sospecha que se eliminaron videos y registros de internet del hotel, y se señala que personal del Ministerio de Gobierno se alojó en el mismo establecimiento.
El informe, fechado el 21 de diciembre de 2021 y firmado por la entonces presidenta Antonia Urrejola (actual canciller de Chile), la primera vicepresidenta Julissa Mantilla Falcón, la segunda vicepresidenta Flavia Piovesan, y las comisionadas Margarette May Macaulay y Esmeralda Arosemena, fue aprobado por la CIDH. De acuerdo con el artículo 49 del reglamento de la comisión, la secretaria ejecutiva adjunta, Marisol Blanchard, suscribe el informe.
El expediente actualmente se encuentra en la antesala de la Corte Internacional de Derechos Humanos, instancia que dictaminará sobre el caso que involucra al Estado boliviano. Sin embargo, para evitar llegar a ese punto, el país debe atender cuatro recomendaciones, entre las cuales se destaca la necesidad de llevar a cabo un juicio contra los responsables de la ejecución extrajudicial. De este modo, el gobierno liderado por Luis Arce se halla ante la posibilidad de iniciar un proceso judicial contra el exmandatario y líder de su partido, Evo Morales.
La CIDH constató que Michael Dwyer, un ciudadano de 25 años, "se encontraba durmiendo en la habitación 457 del hotel cuando se llevó a cabo el operativo". La controversia surge en torno al momento de su fallecimiento, ya que la parte peticionaria alega que Dwyer fue ejecutado de manera arbitraria en un aeropuerto de Santa Cruz después del operativo en el hotel. Por otro lado, el Estado argumenta que su muerte ocurrió como resultado de un enfrentamiento a fuego cruzado en el propio hotel. La CIDH examinó ambas hipótesis.
El informe de la comisión señala que, según la autopsia realizada en Bolivia, los impactos de proyectil en el tórax y el abdomen comprometieron ambos pulmones, generando extensas laceraciones que resultaron en un cuadro de anemia aguda. Una segunda autopsia realizada en Irlanda sugiere que hubo un disparo desde la parte delantera y los otros cinco desde atrás. El disparo frontal en el pecho habría sido suficiente para causar la muerte, y el levantamiento del cadáver tuvo lugar en el hotel.
El análisis de la comisión en la habitación indica que, incluso en el supuesto enfrentamiento armado, seis disparos realizados por los funcionarios estatales, incluido uno en el pecho, fueron extremos y fatales. "Llama la atención que cinco disparos hayan sido por la espalda, evidenciando una ventaja en la posición de los funcionarios".
"En virtud de todo lo expuesto, la comisión concluye que la muerte de Dwyer es atribuible al Estado y constituye una privación arbitraria de la vida, tal como se establece en el artículo 4 de la Convención Americana sobre el Derecho a la Vida y en su punto 1, que establece: 'Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente'".
En el informe al que El Deber tuvo acceso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también examinó las condiciones de detención y tortura sufridas por Mario Tadic, Elöd Tóásó, Juan Carlos Guedes y Alcides Mendoza.
En relación a Tadic y Tóásó, la comisión concluyó que fueron aprehendidos en el hotel Las Américas sin una orden de arresto o allanamiento. Destaca que el operativo se llevó a cabo sin la presencia de un fiscal y señala que Marcelo Soza, el fiscal asignado, llegó a Santa Cruz casi al mediodía del 16 de abril de 2009 y emitió la orden de aprehensión recién entonces. Justificó esta medida argumentando la probabilidad de su autoría en el atentado contra la casa del cardenal Julio Terrazas y el riesgo de fuga.
Sin embargo, la investigación de la CIDH enfatiza que no fueron sorprendidos en flagrancia, sino que estaban dormidos. En la habitación de Tóásó no se encontraron armas, y en la de Tadic no hubo evidencia de fuego cruzado. No existe conexión entre el atentado a la casa del cardenal y la detención de las presuntas víctimas en relación con su supuesta colaboración con un movimiento separatista en Santa Cruz.
En consecuencia, la comisión sostiene que las detenciones ocurrieron de manera ilegal y arbitraria. Responsabiliza al Estado por la violación del derecho a la libertad personal, basándose en que toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personal, y no puede ser privada de su libertad física, salvo por las causas y condiciones establecidas en la Constitución, las leyes o disposiciones emitidas de acuerdo con ellas.
En la conclusión final, la CIDH establece que el Estado boliviano es responsable de la violación de los derechos a la vida (artículo 4), integridad personal (artículo 5), libertad personal (artículo 7), garantías judiciales (artículo 8), protección de la honra y dignidad (artículo 11) y protección judicial (artículo 25) de la Convención Americana de Derechos Humanos.
"El terrorista no era extranjero, estaba en casa, se llama Evo Morales"
